Además de una serie de imprecisiones y deficiencias legales señaladas, el informe del Consorcio RSM-BEPAN-Pellerano & Herrera-Soriano Martínez y Asociados devela la ausencia de un documentos que plasmara las necesidades de la JCE para ejecutar el proyecto. “Únicamente era de conocimiento general que la JCE requería de una modernización de sus áreas críticas”, indica el texto.

Al analizar las fallas indicadas en la auditoría, el abogado y miembro de Participación Ciudadana Francisco Álvarez Valdez, de la firma de Abogados Headrick Rizik Álvarez & Fernández cuestiona el hecho de que se vaya a un proceso de licitación sin que el órgano propietario del proyecto sepa cuáles son sus necesidades, un componente vital para la administración de cualquier plan exitoso, según lo expresan los auditores, quienes resaltan que debido a la ausencia de ese documento se generó una falta de claridad en las definiciones de los términos de referencia para la licitación.

Los auditores reconocen que la adjudicación a SOMO por parte de la JCE se llevó a cabo de conformidad con los términos de referencia en cuanto a la forma, pero establecen que no ocurrió lo mismo en lo referido al fondo, porque, explica, el Consorcio SOMO cumplió con los requisitos de tiempo y formato de entrega de la propuesta, pero no con los de contenido, como los estados financieros, que no se entregaron auditados. Asimismo, no todas las firmas del grupo presentaron la carta de aval exigidas por los términos de referencia.

Esta situación refleja que la JCE obvió disposiciones de la ley de aprovisionamiento, que incluyen la presentación de documentos probatorios que determinen la capacidad técnica, económica y de gestión de cada una de las firmas, para la implementación del proyecto.

Las conclusiones de la experticia permite establecer que si en el contrato JCE-SOMO se hubiera cumplido con requerimientos como la necesidad de contratación de los servicios de tecnología de la información adicionales, y los de digitalización e indexación de los libros del Registro del Estado Civil, no habría sido necesario el replanteamiento de los alcances del proyecto, y por tanto, una adenda que se hizo al contrato, que no incluye definiciones técnicas de los equipos y servicios entregados.

Normativa

Sobre definiciones normativas y legales que no se habrían tomado en cuenta en el contrato, el informe señala que la ley de aprovisionamiento y su reglamento establecen que la asignación de fondos a proyectos similares a SOMO, debía ser sometida a la aprobación previa de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE).

También cita artículos de la Ley de Presupuesto que incluyen a la JCE entre los organismos regidos por sus disposiciones, “en aplicación a los cuales la JCE debió enviar un presupuesto detallado de los gastos que implicaban la ejecución del plan a ONAPRE, de forma que se obtuviera la aprobación del proyecto por el Congreso Nacional”. Sin embargo, confirman los auditores, no se ha recibido evidencia de que se haya requerido y obtenido dicha aprobación por parte del Congreso.

También destacan que no recibieron evidencias de que se haya obtenido la aprobación de parte del Congreso, para exenciones de impuestos que se hicieron en el proyecto. Ese requerimiento legal está contenido en el artículo 110 de la Constitución.

Haga Click Para Ampliar

José  Manuel Medrano / Clave Digital

Entre otras debilidades la auditoría expresa que, sin autorización de la JCE, SOMO hizo cambios del sistema operativo de administración, y con respecto al Software de reconocimiento biométrico. También identifica cambios en los costos ofertados, sin evidencia de autorización de la JCE. En este caso citan diferencias por US$4.0 millones entre los importes de la oferta y los que fueron incorporados al Contrato.

De acuerdo con el informe:

-No se designó a una persona responsable de la recepción de los productos, que contactara su calidad; tampoco había una clara identificación del costo de los equipos; algunos sistemas operativos fueron sustituido por SOMO a su libre consideración, sin consultar con la JCE

-En el contrato, SOMO se comprometió a obtener un financiamiento internacional para la ejecución del proyecto. Pero los auditores no encontraron evidencia de que se hicieran esas gestiones, lo que obligó a la JCE a buscar un préstamo puente de US$35 millones para comenzar la ejecución del proyecto.

-La JCE utilizaba parte de los recursos del préstamo para pagarle al Banreservas ese mismo financiamiento.

La auditoría consigna que la deuda de la JCE con SOMO, al momento de la paralización del proyecto, era de US$7.2 millones y la JCE fue condenada, en febrero, por un tribunal arbitral, a pagar US$9.0. En un acuerdo entre SOMO y el organismo electoral, este último se comprometió a pagar US$8.5 millones. Se trata de un convenio cuestionado por algunos jueces que se abstuvieron de votar para su aprobación.

Rosario rechaza auditoría

El presidente de la Cámara Administrativa de la JCE, Roberto Rosario, ha enviado al presidente de ese organismo dos comunicaciones cuestionando los resultados de la auditoría realizada por un consorcio de firmas auditoras contratada por la JCE. Acusa al consorcio de estar afectado por un sesgo o prejuicio que lo limita al momento de formular sus conclusiones. En carta fechada en febrero expresó que el tema se había utilizado de manera pública para hacerle daño y afectar su reputación, y que “el propio consorcio auditor y los asesores externos han respondido a ese guión”, dijo.
Álvarez Valdez entiende que ese reporte contiene una serie de situaciones que deberían ser aclaradas por la JCE, que contrató para hacer la auditoría a un consorcio de auditores conformado por firmas de incuestionable prestigio. Insiste en que los resultados de la experticia deben ser investigados a profundidad.