La celebración del día de los Santos Reyes estuvo empañada por la denuncia de que el director de la Lotería Nacional quiso jugar a ser Rey repartiendo lo ajeno.

Este escándalo al parecer no se trata de una situación nueva, sino que ha sido una vieja práctica el que legisladores y otros funcionarios obtengan juguetes u otros bienes de la Lotería para sus supuestas obras de asistencia social.

Lo más grave de todo esto es el trasfondo que tiene, y es que nuestras instituciones han olvidado el rol que les toca cumplir por mandato de la Constitución y las leyes. Por eso muchos de nuestros congresistas en vez de cumplir con el rol de contrapeso que están llamados a ejercer por mandato de nuestra Carta Magna, utilizan sus curules para convertirse en una especie de “protectores sociales” de sus comunidades, gracias a fondos públicos que graciosamente les son distribuidos como el vergonzoso “barrilito”, los aportes presupuestarios a sus ONG’s, las donaciones que reciben de la Lotería o de otras instituciones estatales que no salen a la luz pública y los sospechosos arreglos que obtienen previo a la aprobación del presupuesto general de la nación para la asignación de fondos u obras a sus provincias.

En ocasión del debate en torno a la asignación de bonos de 50 y 100 mil pesos a senadores y diputados, el administrador de la Lotería ha querido escudarse en el rol de asistencia social que tiene dicha entidad. Parece olvidar este funcionario y demás autoridades, que por mandato del artículo 20 de la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social la Lotería debe ser administrada en beneficio de dicho Sistema y que si dentro de los primeros 3 días de cada mes no se entregaren las aportaciones obligatorias, deberá requerirse la intervención del Contralor General de la República para que éste demande su entrega en el plazo de 3 días, vencido el cual estará obligado a tramitar al Presidente de la República una solicitud de suspensión o destitución del funcionario en falta.

Esta es una evidencia más de que el cumplimiento con la ley en nuestro país es una ficción y que las múltiples reformas estructurales que hemos realizado en los últimos años no se cumplen o lo que es peor, se cumplen antojadizamente.

Igual puede decirse de la Ley sobre compras y contrataciones del Estado, la cual probablemente no se cumplió en la adquisición de los tristemente célebres juguetes, ni en la de las espléndidas canastas que prácticamente sólo entidades estatales se dieron el lujo de enviar en las pasadas Navidades, en medio de una crisis económica mundial que redujo todos los gastos, menos los públicos.

En definitiva el problema no está en si la prohibición de hacer o no hacer algo está en la ley, pues tenemos leyes que no se cumplen y leyes que legalizan, pero no por ello legitiman, odiosas situaciones. Por encima de todo eso está la ética y la moral, a la que debieron por ejemplo haber apelado los miembros de la Cámara de Cuentas antes de decidir asignarse injustificados beneficios, aunque por una absurda situación jurídica, esta y otras instituciones autónomas sean “chivos sin ley”, por no estar sometidas ni a la Ley de Función Pública ni al Código de Trabajo. Pero como la ética hace tiempo que dejó de aplicarse, por eso estamos como estamos en nuestro país.