SANTO DOMINGO, DN.-La magistrada de la Quinta Sala Penal del Distrito Nacional, Esther Angelán Casasnovas, pospuso esta tarde la lectura de la sentencia respecto al proceso que involucra a ex funcionarios y sindicalistas por presunta estafa estatal por más de mil millones de pesos a través del Plan de Renovación Vehicular conocido como el Plan Renove. 

Cuando llegó la hora de dar a conocer el fallo el alguacil de la sala, Guarionex Paulino, comunicó a los presentes que "por razones de seguridad se ha dispuesto que la lectura de la sentencia se realice a las cuatro de la tarde de hoy”(lunes 17 de octubre). 

En los alrededores del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva se dispuso un visible dispositivo de seguridad que incluye equipos especializados de la Policía. El acceso al Palacio está restringido y en la sala donde se dará a conocer la sentencia las medidas de restricción alcanzan grado extremo. 

Todos los imputados, sus abogados, parientes y amigos se mantuvieron en la sala pese a la posposición de la hora y el sofocante calor. 

Hablan los acusados 

El empresario Juan Julio Morales, Jhonny, dijo que se siente confiado en la justicia dominicana, y tranquilo, porque podrá poner fin a un proceso que le ha trastocado un año de su vida. “Después de un año estoy aquí esperando el veredicto. Estoy junto a mis hijos. Vino mi hijo que vive en el extranjero.  

Todos estamos confiados en la justicia”. Morales, refiriéndose a los percances que caracterizan su salud, dijo que aunque no se siente bien y requería un chequeo médico en el extranjero prefirió quedarse: “Me estoy hinchando, tengo problemas. Pero quiero enfrentar esto porque nunca había visitado un tribunal. Ni siquiera una estación de Policía. Nunca hice nada malo para evitar éste momento que estoy viviendo ahora, pero estoy confiado”, dijo el empresario.  

De su lado el presidente de la Central de Transportistas (MOCHOTRAN), Alfredo Linares, Cambita, dijo estar seguro de que será descargado: “Yo vine al Plan Renove a representar a los choferes. Nunca tuve que ver nada con la administración, no firmé actas, no hice nada”, dijo al reiterar una y otra vez que es general. Linares evitó valorar el Plan Renove aduciendo que sólo sabe de lo que hizo él: “No sé nada de nadie, sólo sé de mí, que soy inocente”. 

Otro que se dijo confiado en la fuerza de la inocencia que aduce, es el empresario de transporte Antonio Marte: “Por aquí está mi esposa, un hijo y mis amigos. Estamos esperando mi descargo”, dijo animado. 

Así, con comentarios entre abogados y clientes los minutos transcurren. Algunos ex funcionarios del pasado gobierno también se encuentran en la sala como el ex secretario de Agricultura, Eligio Jáquez y el ex procurador general, Víctor Céspedes Martínez. 

14 ex funcionarios y sindicalistas en el banquillo 

El juicio de fondo que le correspondió conocer a la magistrada Esther Angelán Casasnovas mantiene en el banquillo de los acusados a catorce ex funcionarios y sindicalistas. El proceso por el Plan Renove comenzó el día 18 de noviembre del pasado año cuando el Procurador General Francisco Domínguez Brito realizó una rueda de prensa y dio a conocer al país el inicio de los apresamientos de 18 ex funcionarios y sindicalistas acusados de estafar al Estado a través del Renove.  

Aunque el Juzgado de la Instrucción había ordenado el arresto del grupo, al otro día, el viernes 19 de noviembre del 2004 ,el juez del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Víctor Martínez, dispuso la libertad de todos los acusados. A Martínez le correspondió decidir de las medidas de coerción contra todos. 

En esa ocasión el juez dejó en libertad sin fianza al ex director del Plan Renove, Pedro Franco Badía y al ex.secretario de las Fuerzas Armadas, Ramón Emilio Jiménez hijo y dispuso el arresto domiciliario por tres meses del empreario Juan Julio Morales, Jhonny. Posteriormente una Corte dejó sin efecto el arresto domiciliario de Morales. 

Con fianzas de un millón de pesos obtuvieron en esa ocasión su libertad el ex secretario administrativo de la Presidencia y ex director del plan Renove Siquió Ng de la Rosa,  el ex director ejecutivo del Plan Renove, Fabio Ruiz y los empresarios de transporte Diógenes Castillo, Milcíades Amaro Guzmán, Francisco Pérez Castillo, Casimiro Antonio Marte. 

A Ángel Rondón, quien tuvo un desempeño de lobista en el proyecto, se le impuso una garantía económica de cinco millones, posteriormente, en el juicio preeliminar que conoció el magistrado Alfredo Ríos Fabián del Cuarto Juzgado de la Instrucción, quedaría libre de cargos. 

Fue Ríos Fabián el que decidió enviar a juicio a sólo catorce de los imputados. Son estos,  Ng de la Rosa, Fabio Ruiz; el ex tesorero, Milcíades Amaro Guzmán; el ex director de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT), Antonio Reynoso (Padre Toño); el general retirado Ramón Emilio Jiménez hijo, los sindicalistas Antonio Marte, Alfredo Pulinario (Cambita), Antonio Pérez, Blas Peralta y Diógenes Castillo; los empresarios Johnny Morales y Sam Goodson, y los transportistas Gervasio de la Rosa y Freddy William Méndez.  

El gran ausente

Sam Goodson.

Clave Digital/Archivo.

El gran ausente de todo este proceso es el empresario estadounidense de origen israelí Sam Goodson. Aunque el magistrado Ríos Fabián envió a Goodson a juicio de fondo, le impuso una fianza de 50 millones de pesos y ordenó su impedimento de salir del país, éste se escabulló por los pasillos del Palacio de Justicia mientras se daba lectura a la sentencia de 130 páginas. Posteriormente la Procuraduría General dijo que el empresario se marchó del territorio dominicano en un vuelo comercial que hizo escala en Haití.

Durante todo este tiempo el Ministerio Público ha dicho que despliega sus esfuerzos para lograr la extradición de Goodson, anunció su apresamiento en Estados Unidos, sin que la intención de traerle de vuelta al país haya prosperado.

Los cargos 

Los acusados en el Plan Renove están acusados de violar los artículos 169, 170, 171, 172, 177, 178, 265, 266 y 405 del Código Penal, y 102 de la Constitución, que tipifican los crímenes desfalco, asociación de malhechores, estafa, falsedad en escritura pública y privada y prevaricación. En términos individuales la sentencia que los envió a juicio de fondo les responsabilizó en los siguientes términos: 

RAMÓN EMILIO JIMÉNEZ REYES: Por iniciar el proceso de compra de las unidades vehiculares del Plan Renove sin previamente llamar a concurso público, seleccionando a una empresa sin representación local y por tanto inexistente en el país, así como de forzar un acuerdo entre Hyundai América Corporation y Magna Motors. 

FABIO RUIZ ROSADO: Por servir de promotor y vocero de la propuesta en la que fue aprobado que las empresas o federaciones retuvieran en su provecho el 4% del 13% de interés cobrado a los beneficiarios, y aprobando la entrega de las unidades a terceros ajenos al transporte, consintiendo su voluntad para la sustitución de las 106 unidades pertenecientes a la OMSA. 

SIQUIÓ NG DE LA ROSA: Por continuar con el proceso irregular de distribución de las unidades de vehículos, en las mismas condiciones que lo hacía Pedro Franco Badía, y por actuar sin una política transparente tendente a recuperar la inversión en que había incurrido el Estado. 

JUAN JULIO MORALES ROSA: Por constituirse en el principal promotor y artífice de un plan para renovar la flota de vehículos de pasajeros y de carga, con el propósito de ofertarlas en venta al Estado, a través de su socio internacional, Sam Goodson, sin ser importador. 

CASIMIRO ANTONIO MARTE FAMILIA: Por aprovecharse de su condición de miembro del Renove, para procurar en su provecho la mayor cantidad de unidades vehiculares, en desmedro del resto de los transportistas y trabajadores del volante, incluyendo a sus propios afiliados. 

MILCÍADES AMARO GUZMÁN: Por dar su aprobación en su condición de tesorero para que el consejo acogiera la propuesta del coimputado Antonio Marte, para que los afiliados a su federación “aseguraran” sus unidades en el denominado inexistente “Auto Seguro Conatra”, y de procurar le fueran asignadas en condiciones ventajosas a su empresa Terrabus S.T., 49 unidades. 

DIÓGENES DE LA CRUZ CASTILLO: Por obtener ventajas de su condición de funcionario público, en ocasión de ser Director de la Oficina Metropolitana de Servicio de Autobuses (OMSA) procurando y obteniendo la asignación de 6 unidades del tipo de carga, adquirir un total de 106 unidades vehiculares, con capacidad para 45 pasajeros. 

GERVASIO DE LA ROSA: Por abusar de su condición de funcionario público para procurar ventajas económicas a través de su posición en el Consejo del Plan objeto de esta acusación, pues mientras ejerció tales funciones, en ocasión de ser subdirector de la OTT, participó en todas las acciones ilegales.  

FRANCISCO ANTONIO PÉREZ: Por hacerse compromisario de la decisión del consejo del Renove para adquirir varias unidades, así como asociarse de manera ilícita al coimputado Ng de la Rosa para que 6 de las unidades asignadas de manera personal o a su federación, les fuera reducido el precio. 

BLAS PERALTA : De obtener jugosos beneficios a través de su federación o a título personal, recibiendo 265 unidades, y contribuir en el seno del consejo a la moción mediante la que procuraba agenciarse otros beneficios adicionales a los ya obtenidos y de participar en la acción ilícita de entregar al Estado desperdicios vehiculares como supuestas unidades viejas. 

PAULINO ANTONIO REYNOSO : De dar su aprobación para que fuera rechazada la oferta de la empresa Magna Motors, quien cotizó el vehículo Hyundai tipo autobús, modelo Aero City Bus, con accesorios adicionales al ofertado por la Hyundai America y recibir a través de la cuenta de la OTTT, un cheque de RD$371,600.00, endosado con un número de cédula inexistente, girado por el Plan Renove, a nombre de Joaquín Díaz y/o Agencia de Aduana JDL.  

SHLOMO BEN-TOV (SAM GOODSON): Por promover las ventas de vehículos a las autoridades, a través de una empresa inexistente, la Hyundai America Corporation, importar 13 vehículos de diversos tipos, introducido irregularmente con complicidad oficial, al ser desaduanizados pagando sólo RD$730,614.15, cuando debieron pagar RD$2,603,300.77. 

ALFREDO PULINARIO (Cambita): Por prevalecerse de su condición de miembro suplente del consejo del Plan Renove para procurar y lograr la asignación de 64 unidades a través de la federación MOCHOTRAN, la cual preside, de cuyas unidades entregó a familiares y allegados  

FREDDY WILLIAM MÉNDEZ: De consentir su voluntad para asociarse ilícitamente a los coimputados que se enuncian en esta acusación para perjudicar al Estado por los montos sobrevaluados. , al aprobar la aplicación de una tasa para el tipo de cambio de RD$19.00 por US$1.00, cuando a la fecha la tasa oficial estaba fijada en RD$32.20 por US$1.00; por participar en la decisión que permitía al presidente del consejo descontar de los fondos pertenecientes al Estado el uno (1%) de cada cuota percibida, para ser usados en provecho de éste en gastos de representación, y unas supuestas ayudas humanitarias.